Título 42: Fin a la política migratoria-sanitaria

El Título 42 es una disposición legal que ha sido ampliamente utilizada por el gobierno de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 para restringir la entrada de inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur. De acuerdo al gobierno de Donald Trump, esta medida fue impuesta en marzo de 2020 por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como una forma de prevenir la propagación del coronavirus en el país.

A pesar de que la medida ha sido efectiva para reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera, ha sido altamente criticada por activistas y defensores de los derechos humanos, quienes aseguran que es una política discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de los migrantes. Además, expertos en salud pública han señalado que no hay evidencia científica que respalde la efectividad de la medida para prevenir la propagación del virus.

El 1 de abril del 2022, los CDC anunciaron planes para terminar esta política sanitaria, afirmando que ya no era necesaria dadas las condiciones de salud pública del momento y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el covid-19. Sin embargo, la política continuó vigente y en febrero pasado, la administración del presidente Joe Biden notificó formalmente a la Suprema Corte que dejará de aplicar, a partir del próximo 11 de mayo, el polémico Título 42, a través del cual han sido rechazados más de 2.5 millones de solicitantes de asilo desde 2020.

La eliminación del Título 42 significaría una importante victoria para los defensores de los derechos humanos y los inmigrantes indocumentados que han sido afectados por la política de restricción migratoria. Sin embargo, algunos expertos han advertido que la eliminación del Título 42 podría provocar un aumento en el número de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur y podría ser un factor de riesgo para la propagación del virus.

La decisión sobre el futuro del Título 42 ha generado intensos debates entre la administración Biden, los defensores de los derechos humanos, los expertos en salud pública y los grupos de interés que abogan por la restricción migratoria. En abril del 2022, los estados de Arizona, Louisiana y Missouri llevaron la lucha por el Título 42 a los tribunales, argumentando que no habían seguido los procedimientos adecuados cuando la administración anunció poner fin a esta política. Desde entonces, más de una docena de estados, en su mayoría liderados por el Partido Republicano, se han sumado a la demanda.

Quienes apoyan el Título 42 señalan los arrestos en la frontera mientras argumentan cuán esencial es la política de pandemia para bloquear la inmigración ilegal. Quienes se oponen a la política argumentan que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera inflan la gravedad de la situación, porque los datos incluyen a personas que cruzan la frontera varias veces. Argumentan que el Título 42 en realidad ha causado más cruces fronterizos.

En abril de este año, el Gobierno de Biden anunció que creará centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes puedan solicitar ingresar a Estados Unidos. La decisión fue tomada debido a que se espera un aumento en el flujo de migrantes a causa de que finaliza la implementación del Título 42 el 11 de mayo. Los centros, que aún se están creando, estarán ubicados en Colombia y Guatemala, dos países por los que suelen pasar los inmigrantes en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México, según dijeron a la prensa altos funcionarios del Gobierno. Se está estudiando la posibilidad de ampliar los centros a otros países.

Además, la administración de Biden anunció recientemente que planea enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera entre EE.UU. y México para adelantarse a la afluencia de migrantes que se espera cuando expire la implementación del Título 42 la próxima semana.